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Causa AMIA Ampliación. Ordenan las indagatorias de Menem, Anzorreguy, Galeano y Palacios, acusados proteger y dar impunidad al acusado Kanoore Edul.

AJN.- Responde a un pedido que  hizo el Fiscal General Alberto Nisman en la causa por las irregularidades detectadas en la investigación de uno de los principales  sospechosos de la conexión local, Kanoore Edul. En diálogo con AJN Nisman dijo: "Cada vez estamos más cerca de la verdad". El resto de los imputados son el ex embajador Munir Menem, Juan Carlos Anchezar (ex subsecretario de la SIDE) y el ex Comisario Carlos Castañeda.

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El juez Ariel Lijo, quien investiga las graves irregularidades cometidas en la investigación por el atentado a la AMIA, hizo lugar al  pedido del fiscal Alberto Nisman para que se cite a indagatoria al ex  presidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex magistrado Juan José Galeano y al ex Comisario Jorge “Fino” Palacios, entre otros siete acusados, de bloqueo de las pistas en relación a la conexión local, omitir la persecución de un delincuente y destrucción de pruebas.
En una entrevista exclusiva con la Agencia Judía Noticias (AJN), el fiscal
Alberto Nisman dijo que se trata de "un avance muy importante, indica que cada vez estamos más cerca de la verdad".
"El hecho de que el juez Ariel Lijo ordene las indagatorias demuestra que las pruebas que reunió luego de mi denuncia permitieron comprobar y corroborar las imputaciones que yo formulé y dejan en claro que la evidencia es muy sólida en contra de estas personas ", destacó Nisman.
El juez Lijo tuvo por probada la visita que Alberto Kanoore Edul (padre) efectuó al ex presidente Menem en la Casa Rosada, el 1 de agosto de 1994, en el preciso momento en que se encontraban allanando la vivienda de su hijo y el posterior llamado telefónico que efectuó a la oficina de Munir Menem, oportunidades en la que pidió protección para su hijo y que se detuviera la investigación a su respecto.
En este orden, el Juez les imputa a Carlos Menem y a Munir Menem, el haber determinado al ex Juez Galeano y a las fuerzas de seguridad e inteligencia actuantes en la causa, a abandonar el seguimiento de la línea de investigación que se desprendía a partir de la fundada sospecha de participación en el atentado, de Alberto Kanoore Edul. En esa misma línea, y en apoyo de la postura del Fiscal Nisman, el Dr. Lijo encuentra probadas las estrechas vinculaciones entre Kanoore Edul y Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, y hoy con pedido de captura avalado por INTERPOL, por su participación en el atentado.
Al ex juez Galeano el juez lo acusa de haber interrumpido la línea investigación de uno de los principales sospechosos de haber integrado la conexión local, el haber consentido y dado de baja las intervenciones telefónicas de los abonados de Kanoore Edul a escasos días de haber sido ordenadas,  prescindiendo del análisis del valor informativo de su contenido, haber omitido el análisis de elementos secuestrados en uno de los allanamientos a Edul y la desaparición de los legajos de transcripciones de las  escuchas telefónicas de referencia.
Al ex comisario Jorge Palacios lo acusa de haber prestado una colaboración indispensable y necesaria en el ocultamiento  de información que podía incriminar a Kanoore Edul, mediante las comunicaciones telefónicas que mantuvo desde su celular con dos teléfonos del investigado, horas antes de efectivizar los allanamientos, poniéndolo sobre aviso de lo que iba a ocurrir.
También acusa el juez Lijo a Palacios de haber ocultado la existencia de dichos abonados telefónicos y el haber sustraído y ocultado los cassetes de escuchas telefónicas correspondientes a 3 abonados pertenecientes a Alberto Kanoore Edul, los que hasta la fecha no han aparecido.
Hugo Alfredo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar deberán responder por el ocultamiento de información que podía incriminar a Kanoore Edul, a partir de la baja de las intervenciones telefónicas a escasos días de haber sido ordenadas, cuando las sospechas existentes imponían no sólo su continuación, sino su profundización, y el haber asentado información falsa que justificara el injustificado levantamiento de dichas intervenciones.
Estos hechos, al momento de efectuar la denuncia, el Fiscal Nisman los calificó como constitutivos de los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión o retardo de los deberes del oficio, destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, falsedad ideológica de instrumento público y falsedad por supresión o destrucción de documentos públicos, delitos por los que puede corresponder una pena de hasta 21 años de prisión
Las acusaciones en torno a estas siete personas hacen referencia a la investigación posterior al atentando, ocurrido el 18 de  julio de 1994 en Buenos Aires, y a un sin fin de irregularidades que se cometieron en la revisión de los actos de uno de los principales sospechosos de la llamada "conexión local", el empresario textil sirio-argentino, Alberto Jacinto Kanoore Edul.
Kanoore Edul llamó el 10 de julio de 1994 (8 días antes del atentado) a Telleldín, dueño de la tráfic cuyos restos se hallaron luego de la explosión, y jamás pudo explicar el porque de esa comunicación.
Si bien Edul era dueño de una empresa textil, se hallaron en su agenda 11 números de teléfonos de talleres mecánicos y además los datos y la dirección del ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani, con pedido de captura y circular roja ratificada por INTERPOL, y quien justamente, fue fotografiado buscando una Traffic meses antes del atentado.
"Sí había un sospechoso en los primeros días de la investigación, además de Telleldín, este era Alberto Kannore Edul, y a medida que las evidencias en su contra aumentaban, en vez de investigarlo, se le garantizó su impunidad", sostuvo Nisman en diálogo con esta agencia.
El fiscal de la causa sostiene que la investigación a Kanoore Edul fue bloqueada por el entonces presidente Menem a través de un llamado que hizo su hermano, Munir, al despacho del juez Galeano, quién, además está acusado
de ocultar las agendas secuestradas a Edul.
Incluso cuando el ex presidente Néstor Kirchner ordenó levantar el secreto en la SIDE sobre todo lo relacionado con la causa AMIA, Nisman accedió a una copia de las transcripciones.
En ellas hay una llamada de Mabel, hermana de Kanoore Edul, en la que le cuenta a la esposa de Kanoore que Alberto Edul (padre de Jacinto) estaba en la Casa Rosada "tratando de arreglar las cosas".
El resto de las imputaciones ligadas a los jefes de la SIDE, al juez Galeano y al ex comisario Palacios tienen que ver con el abandono de las intervenciones telefónicas por parte de la Secretaría de Inteligencia.
A eso se agregan las irregularidades en los allanamientos que solicitó Galeano a la casa de Kanoore Edul en su momento y las misteriosas llamadas del celular de Palacios a Edul el día de los allanamientos, las que se realizaron 8 horas más tarde de lo que estaba previsto.
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Primer ministro Netanyahu, en Yad Vashem: «Hamás se guía por los mismos objetivos que los nazis, pero ahora podemos defendernos»

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Agencia AJN.- Ocho décadas después del final del Holocausto, Israel se enfrenta de nuevo a un enemigo «despiadado y brutal» que busca su destrucción, declara el primer ministro Benjamin Netanyahu en la ceremonia oficial estatal de conmemoración de Yom Hashoah en Yad Vashem.

El atentado de Hamás del 7 de octubre «no fue un Holocausto, no por ausencia de intención de aniquilarnos, sino por ausencia de capacidad», afirma, insistiendo en que el grupo terrorista palestino tenía la «misma intención» de aniquilar al pueblo judío que los nazis.

«Los asesinos de Hamás se guían exactamente por el mismo objetivo», insiste, señalando que, a diferencia de lo que ocurrió durante el Holocausto, hoy Israel «tiene una fuerza que puede defenderlo».

Israel «completará la eliminación de las capacidades [de Hamás]» y liberará a los rehenes, promete.

«Nuestros enemigos cometieron un grave error. Pensaron que éramos una sociedad débil. Se equivocaron. A la hora de la verdad, nos mantuvimos hombro con hombro, llenos de determinación, resistencia y poder. Nuestra prueba es continuar y permanecer unidos hasta alcanzar la victoria, porque estos son días aciagos y esta es la única forma de garantizar nuestra existencia y nuestro futuro.»

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Israel. El gobierno votó para cerrar el medio de noticias qatarí, Al Jazeera

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Agencia AJN.- El Consejo de Ministros de Israel votó el domingo por unanimidad el cierre de las operaciones del canal de noticias qatarí Al Yazira en Israel, casi seis meses después de haber anunciado por primera vez su intención de hacerlo por motivos de seguridad relacionados con la guerra entre Israel y Hamás.

La decisión, que requiere una nueva certificación cada 45 días, incluye el cese de las emisiones de Al Jazeera en árabe e inglés, el cierre de las oficinas de Al Jazeera en Israel, la incautación de los equipos utilizados para sus emisiones y la limitación del acceso a sus sitios web.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, firmó una orden ejecutiva poco después de que se aprobara la votación, por lo que entró en vigor inmediatamente.

Los vídeos del domingo por la tarde mostraban a las fuerzas del orden llegando a las oficinas de Al Jazeera en Jerusalén, en el Hotel Ambassador. HOT, uno de los principales proveedores de servicios de televisión de Israel, anunció que había interrumpido las emisiones de Al Yazira. Otro proveedor, YES, publicó el siguiente mensaje en el canal apagado: «De acuerdo con la decisión del gobierno, se han interrumpido las emisiones de la cadena Al Jazeera en Israel».

En una declaración conjunta tras la votación, Netanyahu afirmó que «los corresponsales de Al Yazira han perjudicado la seguridad de Israel y han incitado contra los soldados de las FDI. Ha llegado el momento de expulsar de nuestro país al portavoz de Hamás».

Karhi añadió: «Tomaremos medidas inmediatas contra quienes utilicen la libertad de prensa para atentar contra la seguridad de Israel y de los soldados de las FDI, e inciten al terrorismo en tiempo de guerra. No habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel».

Al Jazeera condenó la decisión, calificándola de «acción criminal».

«La supresión por Israel de la libertad de prensa para encubrir sus crímenes matando y deteniendo periodistas no nos ha disuadido de cumplir con nuestro deber», ha declarado.

El Gabinete de Seguridad Nacional de Israel tenía previsto celebrar la votación ya el jueves, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu la retrasó por temor a que no se aprobara. Según un portavoz del partido Unidad Nacional del ministro sin cartera Benny Gantz, esto se debió a que el jefe del Mossad, David Barnea, pidió al gobierno que lo retrasara unos días para evitar posibles ramificaciones diplomáticas negativas en relación con Qatar, mediador entre Israel y Hamás en las negociaciones para un acuerdo de liberación de rehenes israelíes. La decisión requería la aprobación del Gabinete de Seguridad Nacional (CSN) del gobierno o del gabinete general, y Netanyahu optó por seguir adelante el domingo en el gabinete general.

Los tres ministros de Unidad Nacional no estuvieron presentes en la reunión y no participaron en la votación. El partido declaró en un comunicado que sus ministros «apoyan el cierre de las emisiones de Al Jazeera e incluso anunciaron que apoyarían su cierre en la reciente reunión del gabinete (de seguridad nacional)».

Sin embargo, «adelantar el tema esta mañana para someterlo a votación en la reunión del gobierno, es una decisión correcta pero en un momento terrible, que podría socavar los esfuerzos por agotar las negociaciones (del acuerdo sobre los rehenes), y obedece a consideraciones políticas», afirmó el partido.

Karhi contraatacó acusando a la centrista Unidad Nacional de actuar como una «quinta columna» dentro del gobierno. Según Karhi, la decisión recibió la «validación inequívoca» de todos los funcionarios de seguridad.

La decisión se basó en una ley que la Knesset (parlamento) de Israel aprobó el 2 de abril y que expira el 31 de julio. Por tanto, si el gobierno desea prolongar la prohibición de Al Jazeera más allá de esa fecha, deberá prorrogar la legislación. La ley en sí también se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia por parte de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) basado en su violación de la libertad de expresión, y el Estado tiene hasta el 15 de mayo para presentar su respuesta preliminar al tribunal.

Al comienzo de la guerra, el gobierno aprobó medidas ejecutivas de emergencia que le habrían permitido cerrar temporalmente Al Yazira. Estuvieron en vigor desde el 21 de octubre hasta el 20 de enero. Sin embargo, el gobierno se abstuvo de aplicarlas durante ese periodo, al parecer debido a las posibles ramificaciones diplomáticas negativas relacionadas con Qatar.

La legislación aprobada en abril pretendía dar al gobierno una base jurídica más firme para actuar contra Al Jazeera. En su decisión del domingo, el Consejo de Ministros explicó que disponía de dictámenes clasificados del Shin Bet del 9 de abril, que consideraban a Al Jazeera una amenaza para la seguridad nacional. El IDF y el Mossad también proporcionaron dictámenes clasificados que apoyaban la limitación de las emisiones de Al Jazeera en Israel.

Según la ley, la decisión debe presentarse ante un presidente o vicepresidente del Tribunal Supremo regional en un plazo de 24 horas, que dispone entonces de tres días para decidir si modifica o no la decisión o limita la duración de la prohibición.

En su petición al Tribunal Superior de Justicia contra la ley, alegó que limitaba innecesariamente la libertad de expresión y era, por tanto, inconstitucional. La ACRI afirmó que, aunque no se podía discutir el hecho de que Al Yazira difundiera una narrativa «propalestina», esto no era motivo suficiente para cerrar la cadena. Además, la cadena ofrece contenidos de Estados árabes e incluye perspectivas árabes israelíes que han sido citadas en numerosas ocasiones en los principales medios de comunicación israelíes, lo que indica que su contenido se consideraba importante, añadió la ACRI. La ONG reconoció que Al Yazira había incluido contenidos que incitaban contra Israel. Sin embargo, la gravedad de esta incitación no era peor que la incitación contra los palestinos en los principales sitios web israelíes, argumentó la ACRI.

El jueves, la ACRI solicitó al tribunal que dictara una orden temporal que impidiera al gobierno decidir el cierre de Al Yazira hasta que se resolviera el caso. El tribunal denegó la petición y dijo que estudiaría la posibilidad de dictar una orden temporal tras recibir la posición preliminar del Estado.

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