Salah Shehade, que dirigió las brigadas Izz ad-Din Al-Kassam, fue atacado en un operativo llevado a cabo en la Franja de Gaza en el verano de 2002.
En el ataque, murieron 15 palestinos, incluidos 11 niños, y decenas resultaron heridos.
En junio, el grupo español solicitó a un tribunal de Madrid que emita órdenes de captura en contra de los funcionarios israelíes involucrados en el asesinato de Shehade, informó el portal Ynet.
Entre los acusados se encuentran el ex primer ministro, Ariel Sharon; el entonces ministro de Defensa, Benjamin Ben-Eliezer; el ex jefe del Shin Bet (Servicio de seguridad general), Avi Dichter, el ex jefe de Estado Mayor, Moshe Yaalon, el ex comandante de la Fuerza Aérea, Dan Halutz; y los oficiales del Ejército GIora Eiland y Doron Almog.
Las autoridades españolas recientemente transmitieron un comunicado secreto al gobierno israelí, en el que lo asesoraron sobre el procedimiento, e indagaron acerca de qué medidas se adoptaron en contra de los funcionarios y si alguno de ellos todavía ocupa un cargo oficial que le otorgue inmunidad diplomática.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Israel le ordenó a los implicados que no viajen a España hasta que se resuelva la cuestión para evitar ser detenidos.
España es miembro del Tribunal Penal Internacional de la Haya, cuya doctrina permite presentar cargos por crímenes de guerra aunque los hechos no hayan ocurrido en suelo español. La Haya considera que el control que ejerce Israel sobre los territorios es un “crimen de guerra”.
Israel y España se encuentran intentando buscar una manera para resolver un posible conflicto diplomático, y tanto el Ejército, como el Shin Bet, el ministerio de Defensa, el ministerio de Justicia, la Oficina del Primer Ministro y la Embajada israelí en Madrid están participando de las discusiones.
El Estado hebreo sostiene que la cuestión del asesinato de Shehade ya fue tratada por la Corte Suprema y que se conformó un comité especial que pretende formular maneras para garantizar que se minimicen los daños a la población civil durante los operativos militares.
La canciller Tzipi Livni, instó a su par español, Miguel Moratinos, a buscar una manera para resolver la situación, y expresó: “Los oficiales del Ejército no deben ser afectados por cualquiera que presente una demanda política anti-israelí”.
Las fuentes diplomáticas informaron al diario Yediot Aharonot que la aprobación de las órdenes en contra de los funcionarios israelíes por parte del tribunal de Madrid podría generar tensiones innecesarias entre Jerusalem y Madrid.