Agencia AJN.- Jonah Fried, un estudiante judío de la Universidad McGill de Montreal, demandó a la escuela junto con la Sociedad de Estudiantes de la Universidad McGill (SSMU) y Solidaridad por los Derechos Humanos Palestinos McGill (SPHR) por un referéndum estudiantil contra Israel.

El referéndum, que se llevó a cabo entre el 15 y el 21 de marzo, se tituló Política de Solidaridad con «Palestina”. Si se aprobaba y promulgaba, habría provocado que la SSMU hiciera “una declaración el Día de la Nakba reafirmando la solidaridad de la SSMU con los estudiantes palestinos y con la liberación palestina del apartheid” (sic), boicoteara a cualquier entidad “cómplice”, desinvirtiera en tales entidades y formara un Comité de Solidaridad con «Palestina», entre otras cosas.

2.294 estudiantes (71,1%) votaron afirmativamente, mientras que 931 (28,9%) se opusieron a la política, según una solicitud derivada de un procedimiento judicial que los abogados de Fried presentaron ante el Tribunal Superior de Quebec el 22 de julio. En particular, menos del 10% de los los estudiantes elegibles votaron en el referéndum.

El vicerrector de McGill, Fabrice Labeau, criticó el referéndum en un correo electrónico a los estudiantes el 24 de marzo y argumentó que violaba la constitución de la SSMU. Labeau amenazó con rescindir el Memorando de Acuerdo entre la universidad y la SSMU si no se tomaban medidas correctivas, lo que suspendería todos los fondos que la SSMU recibe de la universidad y prohibiría a la sociedad estudiantil usar el nombre de McGill.

La Junta Directiva de la SSMU finalmente declaró la política inconstitucional. Sin embargo, SPHR, que promovió la Política Palestina, supuestamente está intentando reintroducirla, según la solicitud judicial.

Fried cuenta con el respaldo financiero del Programa de Defensa Legal de B’nai B’rith Canadá y la representación legal de Michael Bergman. Ha exigido una sentencia declaratoria que establezca que: el referéndum no genera derechos, obligaciones o acciones; la Política de Solidaridad con «Palestina» es incompatible con la constitución y los estatutos de la SSMU; el Memorando de Acuerdo prohíbe que la SSMU promulgue esa política y esa política es “discriminatoria, parcial y antisemita”.

“Estamos defendiendo a este estudiante judío y, a través de él, a todos los estudiantes judíos del campus que se sienten inseguros e incómodos como resultado de los continuos referéndums antiisraelíes de su sociedad estudiantil”, Michael Mostyn, director ejecutivo de B’nai Brith Canadá, dijo en un comunicado de prensa. “Es inexplicable que McGill permita un referéndum antiisraelí tras otro y continúe financiando actividades que violan sus propias políticas. Al hacerlo, está participando en la creación de un ambiente antisemita”.

A pesar de que se anuló la Política Palestina, Fried ha emprendido acciones legales porque cree que esto no es suficiente para una solución duradera.

Un juicio declarativo que incluya esas demandas lograría varios objetivos, dijo Bergman. Entre los propósitos de la demanda están “asegurarles a los estudiantes judíos que tienen derechos individuales para repeler el antisemitismo en el campus de McGill; confirmar que esas políticas antisionistas son contrarias a la Constitución, los estatutos y las políticas de la SSMU; confirmar que SPHR es un vehículo de propaganda antisemita y declarar que McGill tiene la obligación de eliminar el antisemitismo de sus campus”.

McGill tiene una larga historia de antisemitismo tanto a nivel administrativo como estudiantil. La universidad tenía una cuota no oficial de estudiantes judíos en las primeras décadas del siglo XX, lo que era una práctica común en ese momento.

Más recientemente, un estudiante afirmó haber sido destituido de su puesto en el gobierno estudiantil debido a su judaísmo en 2017 y otra judía en el gobierno estudiantil recibió llamadas para renunciar debido a su participación en un viaje a Israel financiado por el Grupo de Trabajo Macabeo dos años después.

Aunque la universidad tiene políticas contra la discriminación que deberían evitar que ocurran estos incidentes, Fried argumentó que no se aplican adecuadamente.

“Hemos aprobado todas las políticas que pudimos”, dijo. “Queremos que el tribunal declare que estas políticas realmente significan algo y que McGill tiene la obligación de hacerlas cumplir”.