La Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores avanzó hoy en el tratamiento del proyecto de ley de indemnización a víctimas y familiares de los muertos del atentado a la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994.
La directora nacional de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Andrea Gualde, propuso a los legisladores “alinear” un sistema de compensación pecuniaria de similares características al aplicado con las víctimas y familiares de desaparecidos de la última dictadura militar.
Por su parte, Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA, aclaró, en declaraciones a AJN, que esperan ser convocados por los legisladores para discutir las modificaciones que realizaron a la propuesta original, que a su entender, tenía “falencias groseras”.
“Tienen que convocar a una nueva reunión para comentarnos las salvedades que nuestros abogados les marcaron por una ley coherente, en la que todos los familiares estamos de acuerdo”, aseguró Burstein.
En este sentido, Gualde, quien aseguró haber mantenido conversaciones con las distintas agrupaciones de familiares de las víctimas, indicó que lo que se pide es “una indemnización por violación de derechos humanos de 400 mil pesos por daño a la vida”.
La funcionaria explicó que esa cifra “puede reducirse de 50 a 70 por ciento cuando se tratan de lesiones graves a muy graves”.
En principio, durante la reunión de hoy quedó claro que todas las indemnizaciones se pagan en bono porque son reparatorias.
La discusión también estuvo centrada en si el proyecto se aprueba como “un beneficio o una indemnización”.
Si es un beneficio –según explicaron los senadores- pueden cobrarlo todos pero si es una indemnización, aquellos familiares que iniciaron una demanda ante la justicia deberían renunciar al reclamo (hay al menos diez causas en trámite) para acceder al pago.
En principio, todo hace prever que la ley tendrá características de indemnización, pero como anticipó el titular de la comisión, Pedro Guastavino, los familiares tendrán la opción de continuar con el proceso judicial si no están de acuerdo con lo que pueda decidir el Estado.
Incluso, el legislador propuso que los familiares renuncien al proceso judicial al momento de efectivizarse el pago y no cuando solicitan el beneficio.
El debate de hoy se realizó en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo y participaron el oficialista Miguel Angel Pichetto, y la senadora Sonia Escudero.
En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN), Gualde expresó su deseo de que la norma “se sancione porque es un proyecto del Ejecutivo que responde a las obligaciones contraídas internacionalmente”.
“Nunca el dinero puede satisfacer la falta de una persona querida, lo dice la Corte Interamericana y todos los jueces. Ante la tragedia y el dolor no hay reparación posible y la compensación pecuniaria muestra y pone en evidencia la necesidad de reparar este daño”, agregó la funcionaria.
Por su parte, Guastavino sostuvo que “la ley está en el buen camino”.
“Hay coincidencia de todos los senadores que integran la comisión en hacer rápidamente la aprobación del proyecto de ley”, afirmó.
El legislador garantizó, en diálogo con AJN, que la comisión “está tomando en cuenta las inquietudes de todas las agrupaciones de familiares de las víctimas” del atentado.
“Es difícil encontrar uniformidad (entre los familiares) pero tenemos el deber de incluirlos a todos y avanzar para que el proyecto sea llevado al recinto”, destacó.
En el cierre de la reunión, los legisladores coincidieron en convocar al ministro de Economía, Carlos Fernández, para ver las posibilidades que el Estado tiene de pagar las indemnizaciones y ver si se puede reducir el porcentaje de pago en bonos.
El proyecto, que fue impulsado por el Poder Ejecutivo a principios de año, busca reparar los daños sufridos a los familiares de víctimas que murieron y a aquellas personas que quedaron heridas de gravedad en el ataque contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y así otorgarles un "beneficio extraordinario".
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