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CONFLICTO DEL CAMPO El sector agrario «se considera omnipotente al hablar de un cambio en el modelo», sostuvo Gak

AJN.- El economista del Plan Fénix destacó que en el conflicto con el Gobierno, los productores buscan disputar "con soberbia las decisiones políticas", y consideró que el lock out no afectó en "forma sustantiva" al crecimiento. Jorge Schvarzer, por su parte,  afirmó que la dirigencia agropecuaria tiene demandas "abstractas".
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La discusión de fondo en el conflicto que mantiene enfrentados al gobierno argentino de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las entidades agrarias desde hace casi tres meses busca dirimir una cuestión “de poder", debido a que la dirigencia del campo "se considera omnipotente" y reclama un "cambio en el modelo de país", aseguraron los economistas Abraham Gak y Jorge Schvarzer.
"Hay un sector económico del país que se considera omnipotente y con soberbia está disputando la toma de decisiones políticas. Claramente están hablando de un cambio en el modelo, como si pudieran estar por encima de las normas legales que fijan la toma de decisiones", expresó Gak, director del Proyecto Estratégico Plan Fénix, en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
Gak, que es profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), vislumbra una salida a la disputa, pero para que eso ocurra debe levantarse la medida de fuerza instrumentada por las entidades rurales porque el gobierno “no puede negociar en una situación de presión como esta".
El economista opinó que el problema terminará "pronto" en un diálogo donde se dirimirán los problemas pendientes, como la "elaboración de un proyecto agropecuario nacional" a largo plazo, debido a que se están dando "situaciones de gravedad".
Sin embargo, remarcó que el enfrentamiento no provocó hasta ahora cambios importantes en la economía: se mantiene el nivel de recaudación, las reservas siguen fuertes y hay superávit fiscal y de balanza de pagos, informó.
También admitió, por otro lado, que existen "pescadores a río revuelvo" que mediante especulaciones se aprovechan.
Con relación a la influencia del conflicto sobre los sectores "más desprotegidos" de la sociedad, Gak sostuvo que la estrategia de las retenciones ideada por el gobierno compensa el impacto negativo que sobre los sectores más pobres tiene la suba de los precios internacionales, que repercute en la suba de los precios nacionales.
"La estrategia de retenciones viene justamente a desacoplar los precios internacionales de los precios locales. Es evidente que el objetivo es, de alguna manera, mejorar las condiciones de vida de la gente", concluyó.
Por su parte, Jorge Schvarzer, director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina (Cespa) de la UBA y también economista del Plan Fénix, tildó de "poco clara, abstracta y excesiva" la postura del campo, y la consideró "más política que económica".
"La solución ya no vendría por el lado de la economía, porque la demanda (de los empresarios rurales) se ha complicado y se ha convertido en una cuestión política", explicó.
Y agregó: "¿Cómo se ofrece un modelo de país? A cualquier cosa que se haga siempre pueden decir que es poco, porque la demanda es abstracta", dijo.
Schvarzer expresó que el desabastecimiento es un "peligro potencial", pero desestimó la posibilidad de que suceda en el corto plazo.
"Se complicó ahora con la movilización de los camioneros que cortan rutas. Si no dejan pasar, a la larga va a haber problemas de desabastecimiento. No ahora ni mañana, pero si el conflicto sigue, después de una semana empiezan a haber problemas", aclaró.
Por último sentenció: "Los productores de soja, que ganan bastante, quieren ganar mas. ¿Pero los demás que quieren? ¿Alcanza con arreglar la soja? Cuando aparecen reclamos sobre trigo, vacas, carne, ¿hay que dar en todos los campos? Me parece una cosa excesiva en términos de una demanda que por eso defino como política".
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Primer ministro Netanyahu, en Yad Vashem: «Hamás se guía por los mismos objetivos que los nazis, pero ahora podemos defendernos»

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Agencia AJN.- Ocho décadas después del final del Holocausto, Israel se enfrenta de nuevo a un enemigo «despiadado y brutal» que busca su destrucción, declara el primer ministro Benjamin Netanyahu en la ceremonia oficial estatal de conmemoración de Yom Hashoah en Yad Vashem.

El atentado de Hamás del 7 de octubre «no fue un Holocausto, no por ausencia de intención de aniquilarnos, sino por ausencia de capacidad», afirma, insistiendo en que el grupo terrorista palestino tenía la «misma intención» de aniquilar al pueblo judío que los nazis.

«Los asesinos de Hamás se guían exactamente por el mismo objetivo», insiste, señalando que, a diferencia de lo que ocurrió durante el Holocausto, hoy Israel «tiene una fuerza que puede defenderlo».

Israel «completará la eliminación de las capacidades [de Hamás]» y liberará a los rehenes, promete.

«Nuestros enemigos cometieron un grave error. Pensaron que éramos una sociedad débil. Se equivocaron. A la hora de la verdad, nos mantuvimos hombro con hombro, llenos de determinación, resistencia y poder. Nuestra prueba es continuar y permanecer unidos hasta alcanzar la victoria, porque estos son días aciagos y esta es la única forma de garantizar nuestra existencia y nuestro futuro.»

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Israel. El gobierno votó para cerrar el medio de noticias qatarí, Al Jazeera

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Agencia AJN.- El Consejo de Ministros de Israel votó el domingo por unanimidad el cierre de las operaciones del canal de noticias qatarí Al Yazira en Israel, casi seis meses después de haber anunciado por primera vez su intención de hacerlo por motivos de seguridad relacionados con la guerra entre Israel y Hamás.

La decisión, que requiere una nueva certificación cada 45 días, incluye el cese de las emisiones de Al Jazeera en árabe e inglés, el cierre de las oficinas de Al Jazeera en Israel, la incautación de los equipos utilizados para sus emisiones y la limitación del acceso a sus sitios web.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, firmó una orden ejecutiva poco después de que se aprobara la votación, por lo que entró en vigor inmediatamente.

Los vídeos del domingo por la tarde mostraban a las fuerzas del orden llegando a las oficinas de Al Jazeera en Jerusalén, en el Hotel Ambassador. HOT, uno de los principales proveedores de servicios de televisión de Israel, anunció que había interrumpido las emisiones de Al Yazira. Otro proveedor, YES, publicó el siguiente mensaje en el canal apagado: «De acuerdo con la decisión del gobierno, se han interrumpido las emisiones de la cadena Al Jazeera en Israel».

En una declaración conjunta tras la votación, Netanyahu afirmó que «los corresponsales de Al Yazira han perjudicado la seguridad de Israel y han incitado contra los soldados de las FDI. Ha llegado el momento de expulsar de nuestro país al portavoz de Hamás».

Karhi añadió: «Tomaremos medidas inmediatas contra quienes utilicen la libertad de prensa para atentar contra la seguridad de Israel y de los soldados de las FDI, e inciten al terrorismo en tiempo de guerra. No habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel».

Al Jazeera condenó la decisión, calificándola de «acción criminal».

«La supresión por Israel de la libertad de prensa para encubrir sus crímenes matando y deteniendo periodistas no nos ha disuadido de cumplir con nuestro deber», ha declarado.

El Gabinete de Seguridad Nacional de Israel tenía previsto celebrar la votación ya el jueves, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu la retrasó por temor a que no se aprobara. Según un portavoz del partido Unidad Nacional del ministro sin cartera Benny Gantz, esto se debió a que el jefe del Mossad, David Barnea, pidió al gobierno que lo retrasara unos días para evitar posibles ramificaciones diplomáticas negativas en relación con Qatar, mediador entre Israel y Hamás en las negociaciones para un acuerdo de liberación de rehenes israelíes. La decisión requería la aprobación del Gabinete de Seguridad Nacional (CSN) del gobierno o del gabinete general, y Netanyahu optó por seguir adelante el domingo en el gabinete general.

Los tres ministros de Unidad Nacional no estuvieron presentes en la reunión y no participaron en la votación. El partido declaró en un comunicado que sus ministros «apoyan el cierre de las emisiones de Al Jazeera e incluso anunciaron que apoyarían su cierre en la reciente reunión del gabinete (de seguridad nacional)».

Sin embargo, «adelantar el tema esta mañana para someterlo a votación en la reunión del gobierno, es una decisión correcta pero en un momento terrible, que podría socavar los esfuerzos por agotar las negociaciones (del acuerdo sobre los rehenes), y obedece a consideraciones políticas», afirmó el partido.

Karhi contraatacó acusando a la centrista Unidad Nacional de actuar como una «quinta columna» dentro del gobierno. Según Karhi, la decisión recibió la «validación inequívoca» de todos los funcionarios de seguridad.

La decisión se basó en una ley que la Knesset (parlamento) de Israel aprobó el 2 de abril y que expira el 31 de julio. Por tanto, si el gobierno desea prolongar la prohibición de Al Jazeera más allá de esa fecha, deberá prorrogar la legislación. La ley en sí también se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia por parte de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) basado en su violación de la libertad de expresión, y el Estado tiene hasta el 15 de mayo para presentar su respuesta preliminar al tribunal.

Al comienzo de la guerra, el gobierno aprobó medidas ejecutivas de emergencia que le habrían permitido cerrar temporalmente Al Yazira. Estuvieron en vigor desde el 21 de octubre hasta el 20 de enero. Sin embargo, el gobierno se abstuvo de aplicarlas durante ese periodo, al parecer debido a las posibles ramificaciones diplomáticas negativas relacionadas con Qatar.

La legislación aprobada en abril pretendía dar al gobierno una base jurídica más firme para actuar contra Al Jazeera. En su decisión del domingo, el Consejo de Ministros explicó que disponía de dictámenes clasificados del Shin Bet del 9 de abril, que consideraban a Al Jazeera una amenaza para la seguridad nacional. El IDF y el Mossad también proporcionaron dictámenes clasificados que apoyaban la limitación de las emisiones de Al Jazeera en Israel.

Según la ley, la decisión debe presentarse ante un presidente o vicepresidente del Tribunal Supremo regional en un plazo de 24 horas, que dispone entonces de tres días para decidir si modifica o no la decisión o limita la duración de la prohibición.

En su petición al Tribunal Superior de Justicia contra la ley, alegó que limitaba innecesariamente la libertad de expresión y era, por tanto, inconstitucional. La ACRI afirmó que, aunque no se podía discutir el hecho de que Al Yazira difundiera una narrativa «propalestina», esto no era motivo suficiente para cerrar la cadena. Además, la cadena ofrece contenidos de Estados árabes e incluye perspectivas árabes israelíes que han sido citadas en numerosas ocasiones en los principales medios de comunicación israelíes, lo que indica que su contenido se consideraba importante, añadió la ACRI. La ONG reconoció que Al Yazira había incluido contenidos que incitaban contra Israel. Sin embargo, la gravedad de esta incitación no era peor que la incitación contra los palestinos en los principales sitios web israelíes, argumentó la ACRI.

El jueves, la ACRI solicitó al tribunal que dictara una orden temporal que impidiera al gobierno decidir el cierre de Al Yazira hasta que se resolviera el caso. El tribunal denegó la petición y dijo que estudiaría la posibilidad de dictar una orden temporal tras recibir la posición preliminar del Estado.

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