AJN.- En medio de denuncias de presuntos intentos oficiales de eliminar la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del Atentado a la AMIA o de remover a sus titulares, Sabrina Namer, Rodolfo Salum y Leonardo Filippini informaron que en los últimos meses reclamaron a la Cancillería que los ayude a que otros países desclasifiquen documentos reservados.

La primera vez fue en abril, tras lo cual mantuvieron una reunión de trabajo y si bien el ministerio les manifestó que no tenía objeciones, solicitó una nómina de los Estados a consultar y por ello en agosto le entregaron una preliminar, en virtud del análisis documental llevado a cabo por el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD).

Luego, la Cancillería sugirió “acotar los pedidos de información, a fin de optimizar la tarea” y “a raíz de ello, la UFI AMIA identificó una serie de asuntos de interés que puso a disposición, aunque reiteró el carácter necesariamente abierto de la solicitud y de la petición de desclasificación, en virtud de la obligación estatal de desplegar una investigación seria y eficaz del atentado”, explicó la misma en un comunicado.

“Entre los asuntos individualizados, la UFI destacó que el propio expresidente de la Nación Carlos Menem había reconocido la intervención de agencias de Estados Unidos de Norteamérica, España e Israel y señalado que el canciller Guido Di Tella accedió a los informes de las embajadas de distintas potencias, lo que debería permitir, en principio, ordenar una búsqueda sobre la base de los registros de la cartera”, mientras que “otros miembros del cuerpo diplomático argentino declararon ante la unidad respecto de informaciones y actividades investigativas concretas, por lo que la UFI pidió que se solicite la puesta en marcha de un proceso de desclasificación a favor del Estado argentino, al menos, con relación al material extranjero vinculado a estas indicaciones de los funcionarios nacionales”, continuó.

“La UFI también revisó y agregó como prueba documental a la causa más de un centenar de documentos liberados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y pidió al ministerio avanzar en un pedido de desclasificación plena de alrededor de 20 de estos documentos que fueron publicados pero con testados parciales”; además, los fiscales “hicieron notar que existiría material de interés referido en textos académicos que tampoco ha sido incorporado a la investigación y que consecuentemente podía pedirse”, agregó el texto.

Los fiscales “observaron asimismo que el Sr. Presidente de la Nación en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas había mencionado la necesidad de una mayor colaboración internacional para el esclarecimiento y castigo a los culpables del atentado, por lo que también eran de interés los resultados de los esfuerzos que se encarasen bajo tales lineamientos” y que la reciente Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública “podría servir como marco de reciprocidad útil al avance de los pedidos, en tanto no opone excepciones al deber de informar en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.

“El impulso al acceso a la información en poder de otros estados, a su vez, refleja expectativas concretas de algunos familiares y víctimas del atentado y se enmarca en el actual trabajo de registro y ordenamiento de varios fondos documentales antes reservados y que hoy, en parte gracias a este trabajo, son accesibles a todas las partes”, finalizó el comunicado.