AJN [Por Lic. Claudio Gustavo Goldman].- Ayer, domingo, falleció a los 82 años el ex presidente de la República Islámica de Irán Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani [foto], quien habría ordenado los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA y tenía orden de captura internacional como coautor ideológico de este último.

Según la Justicia argentina, habría liderado la reunión del Comité Omure Vijeh de Asuntos Especiales, presuntamente encargado de decidir actos terroristas, que el 14 de agosto de 1993, a las 16.30 hs., en Mashad, resolvió que se perpetrara el segundo ataque.

Si bien esta información surgió en los comienzos de la investigación, por parte de exiliados iraníes como Abolghasem Mesbahi, el famoso “Testigo C”, en marzo y agosto de 2003, el entonces juez de la causa, Juan José Galeano, dictaminó que “a pesar de las sospechas generadas no existen elementos suficientes para disponer el llamado a indagatoria” porque “la prueba reunida no permite sustentar un pedido de captura”.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2006, a instancias del ya fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 de Buenos Aires, dispuso su captura nacional e internacional y librar un exhorto diplomático a Irán para solicitar su detención y extradición y oficios a Interpol, para la publicación de Difusiones “Serie A” (notificación roja), y a las policías Federal y Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura y Migraciones.

Le imputó “homicidio calificado doblemente agravado, por haber sido cometido por odio racial o religioso y por un medio idóneo para causar un peligro común, en perjuicio de 85 víctimas, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, en forma reiterada, y daños múltiples, agravados por odio racial o religioso en función de (…) la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y (…) el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, al término de una resolución en la cual declaró que el atentado a la AMIA “constituye (un) crimen de lesa humanidad”, ya que “tuvo por fin atentar contra una población civil en el contexto de persecución de un grupo o colectividad, en este caso de religión judía”.

El 15 de marzo del año siguiente, el Comité Ejecutivo de Interpol decidió aprobar la conclusión de la Oficina de Asuntos Jurídicos de que no se debían publicar notificaciones rojas relacionadas con el atentado la AMIA sobre Rafsanjani por tratarse de un ex jefe de Estado.

El 15 de mayo de 2014, en su declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de Julio de 1994 y la ley 26.843 que lo aprobó (“AMIA s/ Amparo – Ley 16.986”), los miembros de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, le ordenaron a Canicoba que “insista a Interpol para que, en función de las probanzas reunidas hasta la fecha y de la caracterización del hecho como crimen de lesa humanidad, reevalúe la solicitud de difusión roja de las capturas ya pedidas respecto de Alí Rafsanjani”.

En noviembre pasado, los actuales titulares de la UFI, Roberto Salum, Leonardo Filippini y Sabrina Namer, quien ya dejó su cargo, solicitaron al Ministerio de Seguridad que arbitrara los medios para conseguir que Interpol revise su negativa a emitir una notificación roja respecto de Rafsanjani y otros imputados con orden de captura y le requiera “un detallado y pormenorizado informe que detalle las diligencias” efectuadas para capturar a los prófugos.

Ese requerimiento fue girado a la Secretaría de Seguridad, a cargo de Eugenio Burzaco, pero ya no hará falta respecto del ex Presidente iraní.

Lo propio hicieron los fiscales días después, en un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores y virtual vicecanciller saliente, Carlos Foradori.

El 7 de diciembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les planteó a los funcionarios “los posibles escenarios en los que se podría presentar la cuestión” de las “notificaciones rojas” de Interpol.