Agencia AJN.- La reforma judicial volvió a alcanzar un punto de inflexión el miércoles por la noche, cuando el proyecto de ley sobre la norma de razonabilidad superó la votación de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia para ser enviado al pleno de la Knesset.

Se espera que las lecturas finales de la enmienda a la Ley Fundamental tenga lugar el domingo, pero la reforma ya estuvo a punto de convertirse en ley antes, y las protestas y las peticiones de compromiso alcanzaron sus propios objetivos y la frenaron.

La trayectoria de la propuesta de limitar el criterio de razonabilidad se mantuvo estable en gran medida desde el anuncio de la reforma judicial del ministro de Justicia, Yariv Levin, en enero, pero hasta la votación final no hay nada seguro.

El criterio de razonabilidad permite a los tribunales anular las medidas administrativas del Gobierno si se considera que van más allá de lo que decidiría una autoridad responsable y razonable. Como doctrina de derecho consuetudinario, no está formalizada en la legislación escrita, sino que se crea a través de las sentencias y opiniones de los jueces.

En el corazón de la reforma judicial se encuentra una discusión sobre los límites y las relaciones entre las diferentes ramas del gobierno israelí, que nunca fue resuelta por una constitución.

En el lado derecho del espectro político israelí no son pocos los que ven el desarrollo del criterio de razonabilidad como parte de una expansión no autorizada del poder judicial. Para ellos, el criterio es una herramienta totalmente subjetiva que permite a los jueces suplantar la autoridad de los funcionarios elegidos democráticamente.

Además, se argumentó que la política pasa a depender de la visión del mundo de funcionarios no elegidos.

Por otro lado, una de las principales preocupaciones políticas de quienes critican la razonabilidad son los nombramientos gubernamentales.

Para subrayar este problema de autoridad, después de que Levin anunciara sus propuestas, el Tribunal Superior de Justicia anuló el nombramiento del presidente del Shas (un partido de extrema derecha), Arye Deri, como ministro del Interior y de Salud, al considerar irrazonable el nombramiento de un hombre condenado en repetidas ocasiones por corrupción mientras ocupaba un cargo público.

Quién se sienta en el gobierno, argumentan los reformistas, no debería estar en manos de funcionarios no elegidos, sino en manos de representantes elegidos por los votantes. Lo que es razonable o no debe decidirse en las urnas.

Los defensores del criterio de lo razonable argumentan que el sistema israelí, con sus poderes y límites de poderes mal enumerados, tiene muy pocos controles y equilibrios necesarios en una democracia liberal.

La democracia pura presenta el peligro de una mayoría tiránica que despoja de sus derechos a una minoría y se aprovecha de ella. La razonabilidad es una de las pocas herramientas que tiene el tribunal para controlar los excesos del gobierno que son arbitrarios o infringen los derechos de un individuo.

Los miembros de la oposición señalaron que el criterio de razonabilidad crea una límite profesional para los políticos, obligándoles a explicar al electorado su razonamiento de por qué impulsan una política determinada.

Los ciudadanos también necesitan un medio de recurso para las decisiones gubernamentales extremadamente irrazonables más allá de las elecciones, agregaron los legisladores en los debates de la Comisión de Derecho.

Incluso en Israel, las elecciones se celebran con cierta frecuencia, y en ocasiones los ciudadanos no pueden esperar a que abran los colegios electorales para pedir cuentas a sus representantes.