Agencia AJN.- La organización Amnesty International criticó duramente el comportamiento de las autoridades iraníes con las manifestaciones ocurridas diez meses atrás.

Un informe publicado anoche por la organización de derechos humanos aseguró que los servicios de seguridad e inteligencia y funcionarios de las prisiones violaron los derechos humanos «de manera brutal», en connivencia con jueces y fiscales.

Entre los delitos nombrados en el documento figuran: detención arbitraria, desaparición de civiles, tortura y lesiones graves a detenidos.

Amnistía Internacional asegura tener datos de más de 500 manifestantes, periodistas y activistas de derechos humanos que fueron sometidos a procesos penales injustos en el contexto de la protesta.

Las penas de prisión impuestas a los condenados oscilaron entre un mes y diez años. En algunos casos, incluso se ejecutó a los presos.

La organización cree que el número real de acusados ​​en las protestas de noviembre de 2019 es mucho mayor de lo que se conoce.

El documento afirma que en Irán existe un uso generalizado de la tortura y otras lesiones por parte de la Policía y los servicios de inteligencia, así como de funcionarios en las cárceles contra hombres, mujeres y niños, tanto durante la operación de detención como después, mientras se encuentran en las instalaciones.

Según el informe, a las víctimas se les cubrió la cabeza y ojos y recibieron golpes de puño, patadas y azotes con palos, mangueras de goma, cuchillos, porras y cables.

«Fueron colgados u obligados a permanecer en posiciones incómodas dolorosas durante períodos prolongados, privados de agua y comida», rezó el documento.

El trabajo de Amnesty resalta que «muchos detenidos fueron recluidos en régimen de aislamiento», a veces «durante semanas e incluso meses», y que se les «negó tratamiento médico por las lesiones sufridas durante las manifestaciones o como resultado de las torturas sufridas».

Otros métodos de tortura documentados incluyen el desnudar a los detenidos y mojarles el cuerpo con agua fría, exponerlos a temperaturas extremas, someterlos a fuertes luces y sonidos, arrancarles las uñas de los dedos, rociarles gas pimienta, envenenamiento, usar descargas eléctricas e y simulacros de ejecuciones.

El informe asegura que interrogadores y funcionarios penitenciarios cometieron actos de violencia sexual contra los detenidos de sexo masculino, que incluyeron desnudez forzada y agresión sexual y verbal contra ellos.

«Muchos detenidos permanecieron detenidos durante semanas e incluso meses en lugares desconocidos administrados por agencias de seguridad e inteligencia, incluido el Ministerio de Inteligencia o la Guardia Revolucionaria», rezó el documento.

«Otros detenidos fueron recluidos en cárceles superpobladas o comisarías de policía, bases militares, instalaciones deportivas y escuelas», concluyó el informe.